La industria del automóvil se enfrenta en la actualidad a una práctica ilícita promovida por mafias multimarca y oportunistas que se mueven en el mercado negro y que facilitan a talleres y particulares recambios falsos de automóvil. Al ser un actividad ilegal, es difícil obtener estadísticas en relación a la cuantía económica que mueven o el año exacto en el que se comenzó a desarrollar. En cualquier caso, lo que si está claro es que suelen ser piezas que llegan mayoritariamente a través de países del Este de Europa o de Asia y que se benefician de un mercado globalizado donde las plataformas de e-commerce se han multiplicado. Unas tiendas online donde el cliente presupone que el coste de estos materiales va a ser menor, aunque nada mas lejos de la realidad.
Aunque al principio pueda percibirse como un ahorro, realmente no lo es por varias razones: en primer lugar, este tipo de piezas suelen tener una vida útil más corta que los recambios originales ya que no son sometidas a las pruebas de durabilidad, calidad y seguridad pertinentes. Además, suelen ser piezas más sensibles a las condiciones ambientales por lo que suelen fallar antes debido a las altas temperaturas, a la humedad o a las vibraciones. También es posible que se compren por desconocimiento ya que algunos recambios falsos dan apariencia de productos auténticos a pesar de ser peores que los originales o tener algún defecto o fisura interna.
Protección legal contra los recambios falsos
Con el objetivo de erradicar la venta de recambios falsos, principalmente en establecimientos de reparación ilegales, en 2010 entró en vigor el Reglamento por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos. En él se establecen una serie de normas por las que ha de regirse la actividad de acreditación, la vigilancia del mercado, los controles de los productos procedentes de terceros países y el marcado CE. No obstante, dicha normativa contiene una serie de mandatos a los Estados miembros, siendo necesario establecer en España instrumentos de carácter normativo, donde la Administración asegure que todos los operadores del mercado cumplen las mismas reglas del juego para evitar la competencia desleal.
